UNA vez más, el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha encontrado un motivo oportunista para dividir a la sociedad española. Y, además, para que aparezca la Iglesia por medio, y puedan poner a los católicos como carcas, cavernícolas y contrarios a los avances científicos. Para ello han acelerado la aprobación de la Ley de Eutanasia. Y además jaleando que sólo se oponen el PP y Vox, mientras presumen de tener el apoyo de Ciudadanos (lo defendió personalmente Inés Arrimadas) y de partidos que en sus orígenes fueron democristianos, como el PNV y una parte de JxCat. Sin embargo, estamos ante una manipulación más del sectarismo de PSOE y UP, con la complicidad torpe de partidos que juegan a liberales.

Para justificarlo se dice que el 84% de los españoles son partidarios de la eutanasia en caso de enfermedad incurable, según una encuesta de Metroscopia en 2017. Y que el 77,5% estaba de acuerdo en regular una muerte digna, según el CIS en 2015. Así manipulan conceptos que equiparan, pero no son iguales. No se puede confundir la eutanasia con los cuidados paliativos, ni defender el suicidio asistido para evitar la prolongación artificial del dolor. Todos (o casi todos) estamos de acuerdo en que los enfermos graves no sufran, o padezcan lo mínimo en casos terminales. Pero eso no se consigue con la legalización de la eutanasia.

Otro error es calificarlo como “un derecho”. Tampoco se practica en todo el mundo libre. Es falso. Sólo cinco países permiten la eutanasia: tres de la Europa más rica (Holanda, Bélgica y Luxemburgo) y dos de América (Canadá y Colombia). También hay tres países (Suiza, parte de EEUU y un estado de Australia) donde se permite el suicidio asistido. En Portugal se está tramitando y en Nueva Zelanda se votará en referéndum. Es motivo de controversia en países como Francia y Reino Unido, de mucha más tradición liberal y democrática que España. En ellos no se permite en los términos que ha aprobado el Congreso.

Sufrir por sufrir es absurdo. Pero no se puede abrir la puerta al suicidio asistido como un derecho, ni tentar con la picota a los ancianos y enfermos. El mal ejemplo de la pandemia del Covid 19, donde algunos no tuvieron un derecho digno a morir por falta de respiradores, parece que no ha servido de escarmiento ético. No es un capricho intolerante de creyentes religiosos, sino rechazar que el Estado mate a personas. En democracia hay que estar en contra de todas las formas de penas de muerte. Sólo se debe defender el derecho a la vida.

José Joaquín León