EN los últimos días hemos leído diversas declaraciones y artículos en relación con el presunto traslado del Tribunal Constitucional desde Madrid a Cádiz. En este Diario, apuntaba José Ramón del Río que la propuesta no se debería convertir en una ocurrencia gaditana más. Hay motivos para suponer que podría ser así. No obstante, la opción de que Cádiz sea la sede del Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta su acrisolada vinculación histórica al constitucionalismo español, es menos extravagante de lo que puede parecer a priori. Y no por lo que digan en Cádiz, donde ya sabemos que la ocurrencia se propone a diario, sino porque hay razones objetivas. Y porque en Madrid le han prestado cierta atención.

 

En las vísperas del Congreso del PSOE, Pedro Sánchez, anunció que va “a descentralizar España”. España está descentralizada desde la Constitución de 1978, y existen 17 gobiernos autonómicos, que han gestionado la pandemia mejor que el Gobierno central, pongo por ejemplo. Pero lo que quiere Sánchez no es descentralizar, sino trasladar algunos organismos para crear conflictos con Isabel Díaz Ayuso. Pelearse con ella le enerva, le solivianta, le hace sentir mariposas en el estómago. No obstante, ante la polémica surgida, después ha matizado que sólo trasladaría instituciones nuevas, o quizá secundarias. Es decir, que el Tribunal Constitucional, en principio, no va a entrar en el paquete de traslados.

El pasado viernes, el diario El País publicó una tribuna de opinión titulada El Tribunal Constitucional, a Cádiz, firmada por Gabriel Moreno y Germán M. Teruel, profesores de Derecho Constitucional de las Universidades de Extremadura y Murcia, respectivamente. Defienden el traslado, y recuerdan que el Tribunal Constitucional alemán no tiene su sede en Berlín, sino en Karlsruhe, y que en Portugal, a pesar del centralismo de Lisboa, trasladarán a Coimbra el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Supremo Administrativo.

El presidente valenciano Ximo Puig apoya el traslado, y mejor aún si se fastidia Isabelita la madrileña. Se ha llegado a decir que ayudaría a crear empleo en Cádiz, la capital del paro. El TC no es como Navantia o Airbus, pero se calcula que tiene unos 400 funcionarios, a los que darían una alegría si los trasladan, pensando en el veranito gaditano, y una gran tristeza, si piensan en otras cosas que no detallo.

¿Cuál sería la sede del Tribunal Constitucional en Cádiz? En el Oratorio de San Felipe y el colegio no cabe. Deberían ampliarlo. Es decir, antes de pedir hay que dar. Falta un proyecto serio y documentado.

José Joaquín León