LA confrontación entre dos bloques irreconciliables ya excede los límites del sentido común. No es sólo el espectáculo circense derivado de la amnistía. Ya contamina hasta las cuestiones más necesarias para los ciudadanos. Esta semana hemos visto un nuevo ejemplo, con las medidas contra la sequía en Andalucía que anunció Juanma Moreno. Me pareció vergonzosa la actitud de la oposición. PSOE, Vox, Por Andalucía (o sea, Sumar) y Adelante recurrieron a la demagogia por costumbre, en vez de intentar buscar acuerdos y proponer alternativas serias para un problema que van a sufrir los andaluces, sean de derechas o de izquierdas.
La Junta destinará 200 millones de euros para el cuarto decreto de medidas contra la sequía, de los que 50 millones serán para el sector agroalimentario. Y se debe recordar que el Gobierno central tiene más de la mitad de las competencias en la gestión del agua en Andalucía, por lo que solicitar su colaboración parece lógico y necesario. A Juan Espadas, justo cuando iba a entrar la borrasca Juan, le faltó altura de miras para defender acuerdos entre Junta y Gobierno, en vez de recurrir a la demagogia.
El consenso es tan raro que sorprende el acuerdo alcanzado esta semana entre PP y PSOE para suprimir el término disminuidos en el artículo 49 de la Constitución. Tras el acuerdo de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, se esperaba la aprobación por unanimidad. Pero Vox votó en contra, aunque después dijeron que era “por la redacción” y que estaban a favor de suprimirlo. Esta es la política populista que tenemos.
Impresionante también la declaración de una vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, poniendo el foco de las críticas en el juez García Castellón. Una actitud propia de una república bananera para presionar a los jueces. Ribera dijo lo mismo que Puigdemont y se quedó tan pancha. Es increíble que el presidente del Gobierno no la destituya de inmediato.
Parece que vivimos en el mundo al revés. Por eso, recuperan informaciones de hechos ocurridos hace 10 años (y pendientes aún de sentencia judicial), con el descarado propósito de presentar a Puigdemont y su pandilla como víctimas del Estado. Pedro Sánchez ha pasado de apoyar las medidas del artículo 155 en Cataluña a considerar a Puigdemont como víctima de los jueces y de la Policía. Eso sí, le gusta el consenso, según dijo en el Senado.
“¡Qué asco de política!”, piensan los apolíticos. Por este camino mal vamos.
José Joaquín León