LA decisión del Tribunal Constitucional sobre la llamada Ley de Nietos ha dejado en fuera de juego al Defensor del Pueblo español, que es el ex ministro socialista Ángel Gabilondo. Sólo dos magistrados del Tribunal Constitucional se pronunciaron a favor de crear un conflicto con el Supremo, a pesar de que la resolución no era definitiva. Los magistrados Ramón Sáez y el ex ministro Juan Carlos Campo se han revelado como los más sanchistas del sector progresista, ya que hasta el presidente, Cándido Conde-Pumpido, se sumó a los que lo rechazaron, por “prematuro”. El amparo pedido por el Defensor del Pueblo era impresentable. Resultado: 10-2.
Y lo que está en el fondo de este asunto no es el derecho de unos nietos españoles de exiliados a votar, sino que esa posibilidad les llega gracias a una instrucción progubernamental, que abrió la puerta a personas que no pueden demostrar que son nietos de exiliados españoles. Y, cuando no se puede demostrar algo, quizás sea falso. Por ejemplo, nadie tiene derecho a ser conductor de un coche si no puede demostrar que está vigente su carné de conducir. Son garantías, y sirven para que no te cuelen un gato como si fuera una liebre.
El Defensor del Pueblo se ha comportado como Defensor del Gobierno. Es grave. Cuando crearon los defensores del pueblo español y de las autonomías, como Andalucía, se suponía que serían personas de reconocido prestigio e imparcialidad, que no actuarían como militantes, aunque lo fueran. En Andalucía, lo ha sido durante 13 años Jesús Maeztu, que llegó al cargo en 2013, con el PSOE en San Telmo, y que fue prorrogado con el PP, la última vez en 2024. Estaba deseando irse. Le va a relevar Marta Bosquet, que militó en Ciudadanos, y fue presidenta del Parlamento de Andalucía. Curiosamente, a la izquierda andaluza le disgusta Marta, porque no es “apartidista”. ¿Y Gabilondo qué?
Los defensores se suelen consensuar, para que tengan amplio respaldo, y estén fuera de la confrontación. Por lo menos, que el defensor no ponga zancadillas al rival. En general, se ha actuado así, en España y en Andalucía. Por eso extraña que Gabilondo, al que se suponía de templadas maneras, se haya alineado descaradamente. Cuando el Supremo intenta garantizar que no cuelen a intrusos, a nietecitos que no puedan demostrar su pedigrí del exilio. Eso es lo antidemocrático, porque modifica el legítimo sufragio del pueblo.
José Joaquín León